Aniversario Malvinas

Argentina y Gran Bretaña están a punto de recordar el 25 aniversario del comienzo de la guerra de las Malvinas. El 2 de abril de 1982, la dictadura militar argentina que en aquél momento encabezaba el general Galtieri, invadió las islas. Una apuesta equivocada y criminal que pretendía dar aire a un gobierno que estaba en dificultades y enfrentaba protestas y movilizaciones sindicales.

El conflicto acabaría con la rendición argentina 74 días después, el 14 de junio. El saldo fue de aproximadamente un millar de muertos, unos 700 argentinos (además 350 veteranos se suicidarían después de la guerra) y 255 británicos. El desastre tuvo al menos la virtud de acabar con la más terrible de las dictaduras que tuvo Argentina.

Veinticinco años después del conflicto y 174 después de la ocupación inglesa, cabe preguntarse cómo puede mantenerse hoy esta situación tan anacrónica y excepcional. Gran Bretaña sigue apoyando incondicionalmente a los 2.900 habitantes de unas islas situadas a 8.000 millas de la metrópolis (18 horas de vuelo, vía la isla de la Ascensión), pero a solo 300 de las costas argentinas.

En 1990 ambos países decidieron reanudar las relaciones diplomáticas y cinco años después firmaron un acuerdo para la exploración y explotación conjunta de los hidrocarburos, manteniendo bajo un "paraguas" el tema fundamental de la soberanía. Un acuerdo que el gobierno de Kirchner acaba de cancelar ante la falta de acuerdo sobre el área sujeta al mismo y la decisión de los kelpers ("los que comen algas") de conceder licencias de pesca y exploración petrolífera de forma unilateral.

Esta nueva política de firmeza argentina contrasta con la de seducción impulsada por Menem y su ministro de Exteriores, Guido di Tella, que llegó a enviar a los malvinenses felicitaciones navideñas y hasta ositos de peluche (Winnie the Pooh), para sorpresa y escarnio de los destinatarios.

Los intereses económicos han sido siempre primordiales para los británicos a la hora de abordar el problema de las Malvinas (Falklands para ellos). Y esto fue así desde el mismo momento en que el capitán John James Onslow llegó a las islas con su corbeta, la Clio, e izó en su suelo la bandra británica. Era el 2 de enero de 1833, cuando Argentina aún se debatía en las guerras civiles posteriores a la Revolución que le dio la independencia. El gaucho Antonio Rivero, que trabajaba como peón en una de sus estancias, se rebelaría y logró que la bandera argentina ondease nuevamente durante 5 meses. Pero una nueva expedición británica recuperaría la plaza para His Majesty, hasta el día de hoy.

Entonces, los intereses económicos estaban ligados a la pesca de ballenas y focas. El intento de Juan Manuel de Rosas, gobernante entonces de Buenos Aires, de exigir impuestos a los barcos pesqueros (fundamentalmente norteamericanos y británicos), está de hecho en el origen de la ocupación de las Malvinas. Hoy los intereses siguen ligados a la pesca y al petróleo, aunque parecen haberse desinflado las perspectivas de encontrar crudo en la zona. Estos años de exploraciones no dieron resultados comerciales a pesar de que empresas multinacionales como Shell o Agip invirtieron más de 150 millones de dólares para perforar la plataforma submarina.

La guerra no alteró la naturaleza jurídica del conflicto. Pero los argentinos deben comprender que hay un importantísimo escollo, sin el cual no se puede comprender la actitud de Londres: los kelpers son descendientes directos de la metrópolis, "son sangre de nuestra sangre", como argumentaba la primera ministra Margaret Thatcher en su momento. No son orientales con ojos rasgados como en Hong Kong y, naturalmente, Argentina no tiene el poderío de China.

La posguerra supuso para los kelpers una nueva época signada por la prosperidad. Antes de la contienda tenían una economía basada en la cría de ovejas y la mayoría de sus habitantes trabajaban para una sola empresa. Ahora tienen una renta per cápita de 44.000 dólares (menos de 5.000 en Argentina) y han diversificado su economía. La pesca les aporta 124 millones de dólares, casi la mitad de su Producto Bruto Interno. Y el turismo es una nueva e importante fuente de ingresos, con 40.000 visitantes cada verano y 30 turoperadores europeos ofreciendo sus servicios. Con su actual status los malvinenses tienen, en definitiva, un futuro brillante que no quieren perder.

El compromiso de la metrópolis se fortaleció con la guerra y hoy el primer ministro, Tony Blair, dice que él habría hecho lo mismo que Thatcher. El gobierno británico sigue ignorando las resoluciones de la ONU que, desde 1965, dictaminó que en las Malvinas hay una situación colonial, instando a las partes a negociar. Pero en Londres insisten en que mientras los isleños lo deseen, seguirán perteneciendo al Imperio Británico.

Para Argentina es una cuestión fundamental de su política exterior. Es también una causa popular. Hasta la Constitución, en una disposición transitoria, habla de la "legítima e imprescriptible soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur", así como de los espacios marítimos e insulares correspondientes. Aunque en el mismo texto se expresa también el compromiso argentino a respetar el modo de vida de sus habitantes, hada parece más lejos que la recuperación de las hermanitas perdidas de las que hablaba Yupanqui, ni siquiera de una soberanía compartida, como se llegó a hablar antes del conflicto.

Memoria Histórica

Estos días es motivo de polémica en Chile y Perú la emisión (frustrada, de momento), de una serie documental en tres capítulos sobre la Guerra del Pacífico (1879-1884), llamada Epopeya y que enfrentó a Chile, Perú y Bolivia. La serie iba a ser emitida por TVN, Televisión Nacional de Chile (canal estatal) y contaba con el aporte de historiadores de los tres países.

El presidente peruano, Alan García, presionó para que no se emitiera. El argumento, que muchos peruanos podrían ver la serie a través de la señal internacional de TVN y que ésto podría añadir tensión a unas relaciones bilaterales problemáticas, fundamentalmente por la cuestión fronteriza. La Guerra del Pacífico, también conocida como Guerra del Salitre, provocó grandes pérdidas territoriales en Perú y Bolivia, a favor de Chile.

Aunque TVN es un ente autónomo, su director es un antiguo portavoz del ex presidente Lagos. Y la sola sugerencia desde el gobierno para que no se emitiera surtió efecto inmediato. El lógico revuelo que esto ha causado llevó al canal y al gobierno a asegurar que no hay censura, y que se emitirá más adelante, seguramente este mismo año.

Lo que sorprende son dos cosas. En primer lugar que nadie haya tenido en cuenta el efecto multiplicador que la censura (de hecho) iba a tener. Una serie de televisión que, a lo sumo, podría provocar comentarios durante unos días, se ha convertido en un tema nacional (binacional, de hecho), ha consumido ya páginas y páginas de prensa y ha puesto en primer plano el problema que se quería ocultar.

En segundo lugar llama la atención que un hecho que sucedió en la segunda mitad del siglo XIX siga provocando esta polémica. Caulquiera que conozca Perú, Chile y sobre todo Bolivia, sabe que la cuestión fronteriza no ha encontrado una solución. Pero de ahí a censurar un documental televisivo, hay mucho trecho. Sobre todo porque parece que el asunto fue tratado con enorme cuidado. Se trata de una producción chilena pero los expertos de los otros países que intervinieron en el mismo han manifestado su absoluto respeto por cómo habían encarado el proyecto los productores. Es más, Bolivia, el país que salió peor parado del conflicto (perdió su litoral marítimo), sorprendentemente no dijo nada y estaría a favor de la emisión del documental.

Teniendo en cuenta la polémica que en España se desató con una cuestión similar, el de la Memoria Histócia, a propósito de la Guerra Civil (1936-1939), me sigue provocando asombro a este miedo por la historia. Está claro que no es una ciencia objetiva, pero evitar el debate, el recuerdo, siempre es la peor opción. A nadie tiene que hacer mal el conocimiento del pasado. La verdad siempre es un concepto ligado a la libertad.

Bachelet año I

El gobierno chileno que preside Michelle Bachelet cumple un año este 11 de marzo. Seguramente lo más importante que ha pasado en este período es la muerte del general Pinochet, aunque en este tema la visión interna es claramente distinta, ya que el ex dictador había dejado ya de ser un actor político. Eso sí, cabe resaltar que la papeleta sobre cómo encarar sus funerales fue bien resulta por el gobierno.

A la hora de hacer un balance de este primer año de la primera presidente mujer que ha tenido Chile, caben varios enfoques. Desde el punto de vista económico, lo más destacado es que el crecimiento ha sido muy moderado. A falta de las cifras definitivas, se estima que ha sido del 4,2%, muy pobre para una economía como la chilena que suscita la envidia regional. Los pronósticos más optimistas hablan de que este 2007 se podría crecer entre el 5 % y el 6 %, pero dada la coyuntura internacional parece difícil.

Mucho mejor es el índice de desempleo que está en torno al 7 %. Se consolida la tendencia a la baja y al empleo de calidad. Otro dato interesante es que la Bolsa ha sido la única de América Latina, junto con la peruana, que ha registrado ganancias a pesar de las últimas debacles internacionales.

Desde el punto de vista político es de donde vienen las principales dificultades de este gobierno. Empezó con una revuelta estudiantil (la revolución de los pingüinos) totalmente inesperada. Varios casos de corrupción han sacudido también al gobierno, aunque en algunos casos eran del período anterior. Y en las últimas encuestas se ha producido un notorio descenso en el índice de popularidad, tanto del gobierno como de la presidenta. Por cierto, que la oposición de derecha también desciende en las mismas encuestas.

Un dato de las mismas encuestas es especialmente significativo: el 70 % de los entrevistados por el diario La Tercera, considera que los partidos de la Concertación (coalición de partidos que apoyan al gobierno), han colaborado poco con el gobierno de Bachelet. Es un secreto a voces que las luchas internas entre estos partidos, e incluso de facciones distintas de entre ellos, están dificultando la labor de gobierno.

¿Se podrá mantener en pie esta coalición, que ha gobernado con éxito todo el período post-dictadura? Sería el principal objetivo de este gobierno si quiere volver a derrotar a la derecha, que en las últimas elecciones arañó la victoria. Pero para eso el liderazgo de Bachelet debe ser más fuerte. Se impuso en las internas de la Concertación con apoyos al margen de los liderazgos partidarios, además del innegable apoyo del ex presidente Ricardo Lagos. Y sigue en el gobierno sin poner orden en sus propias filas.

El nuevo sistema de transportes de la capital, conocido como Transantiago, es una muestra de la falta del necesario respaldo que necesitaría Bachelet. El caos monumental que ha provocado en la ya de por sí complicada circulación de la capital chilena, ha suscitado enfrentamientos y acusaciones no solo de la derecha, sino entre distintos sectores del gobierno.

A la presidenta la quedan 3 años de gobierno, pero solo éste antes de que la campaña electoral complique la toma de decisiones. El próximo año hay elecciones municipales y el 2008 será ya un año de clara lucha por las precandidaturas. De hecho, ya se habla en los medios de la carrera presidencial y hasta un dirigente de la derecha, Pablo Longueira (UDI) ha iniciado formalmente su campaña.

El Partido Socialista, que ha aportado los dos últimos presidentes, querrá repetir. Pero la Democracia Cristiana cree que ha llegado de nuevo su momento. En cualquier caso el escenario es muy complicado, ya que las divisiones son notorias. Lo que sí es cierto es que la derecha no ha conseguido sacar ventaja de esta situación y su descenso en las encuestas así lo destaca. Esto nos indicaría que la clase política en Chile está perdiendo imagen, aunque está todavía muy lejos de otros países de la región.

De Juana Chaos

La decisión del gobierno español de conceder la prisión atenuada al terrorista de ETA Iñaki de Juana Chaos, puede ser el peor error político del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Quizás comparable a la de su antecesor, José María Aznar, respecto a la guerra de Iraq. La reacción social puede provocar un costo político incalculable, aunque parece difícil que el gobierno no lo haya calibrado.

Las explicaciones dadas por el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, solo pueden convencer a los incondicionales. Decir que fue una decisión personal es tratar, inútilmente, de confundir, ya que ningún ministro toma decisiones personales. Decir que corre peligro de muerte, después de lo que se supo los últimos días, sobre todo las visitas íntimas de la novia, es tratar de imbéciles a la gente.

La hipocresía del PP, que ha lanzado toda su artillería contra el gobierno por este caso, olvidando los beneficios penitenciarios acordados al mismo personaje y a otros, no es argumento para ignorar que la gente no entiende por qué se ha tomado esta decisión. Decir que es en base a la política antiterrorista más adecuada es no decir nada. O. peor aún, ocultar mucho.

Tal como están las cosas, esta decisión pone en bandeja al PP un tema de batalla, cuando venía perdiendo toda la razón con su apoyo a las manifestaciones contra las decisiones de la justicia que dicen respetar. El gobierno puede presentar los respaldos legales que estime oportuno, pero también encontraría otros para asegurar que De Juana cumple íntegramente su pena.

Y es que no se trata de que la pena que debe cumplir no tenga nada que ver con los asesinatos que figuran en su prontuario. Que haya cumplido ya por ellos, no puede hacer olvidar la calaña del personaje. Y un gobierno tiene la obligación de estar atento al humor del pueblo, al estado de opinión general.

¿Había alguna necesidad de ceder al chantaje? Tan recientes los asesinatos de la T4 y sin una perspectiva razonable de reanudar un proceso de paz herido de muerte, ningún argumento es razonable. Y todo empuja a pensar que la iniciativa la ganó el terrorismo.