El ocaso de Musharraf

Lahore.- Las elecciones parlamentarias de Pakistán son, ante todo, la derrota del presidente, aunque su cargo no estaba en juego. Y suponen, asimismo, la victoria de dos líderes que tampoco eran candidatos: Alí Asif Zardari, el viudo de Benazir Bhutto, y el ex primer ministro, Nawaz Sharif, inhabilitado por Musharraf. También es la victoria –o la venganza- de la asesinada Benazir.

Si el PPP de la familia Bhutto forma gobierno y lo hace mediante un acuerdo con el PLN de Sharif, su primer objetivo será desmontar el andamiaje legal y constitucional que puso en pie Musharraf para asegurarse su continuidad. Las bases para un gobierno de este tipo están puestas, pero no hay que olvidar que Benazir Bhutto negoció con Musharraf antes de su vuelta del exilio y su viudo no se caracteriza por la integridad.

El odio que se profesan Zardari y Musharraf, alimentados en el caso del primero por lo varios años de cárcel que pasó sin juicio acusado de corrupción por el segundo, no es menor que el que se tienen los Bhutto y los Sharif. No es tampoco menor el que se dispensan Sharif y Musharraf, teniendo en cuenta que el segundo derrocó al primero y que Sharif sufrió años de cárcel antes de salir al exilio previo pago de más de 8 millones de dólares. Pero a veces la política hace olvidar agravios pasados.

Lo fundamental para los pakistaníes es saber si los personajes en cuestión habrán aprendido algo. Zardari, que no será primer ministro pero maneja el PPP, fue conocido en el primer mandato de su esposa como mister 10 % y hay quien asegura que en el segundo ya se le llamaba mister 20 %. Sharif también encabezó un gobierno ampliamente corrupto.

Nunca segundas partes fueron buenas, dice un refrán. Pero hay algún ejemplo, el más notable es el de Alan García en Perú. De creer lo que están diciendo, parece que sí hay voluntad de cambio y hay lugar para la esperanza.

El ejército, que desde la independencia, en 1947, ha venido ejerciendo un papel importante en la política del país (incluso en los gobiernos civiles), parece decidido a retirarse a sus labores naturales. Por lo que Musharraf no podrá contar con su respaldo.

El escenario más previsible es que el futuro parlamento reponga a los jueces de la Corte Suprema destituidos por Musharraf, que estaban por declarar ilegal su candidatura a la presidencia. Que vuelvan a considerar el tema y, efectivamente, lo inhabiliten. Y que se elija un nuevo presidente, para acabar con cualquier rastro de la dictadura.

Seguramente será el momento en que Musharraf decida cambiar de aires. En Pakistán nadie la va a garantizar la seguridad que necesita. No olvidemos que tuvo al menos cuatro atentados fallidos. El islamismo radical no le perdona que tras el 11-S se pusiera del lado de los EEUU, después de haber apoyado a los talibanes afganos.

Una primera opción es Arabia Saudí, exilio también de Sharif. El otro es Turquía, el país en el que pasó su infancia, cuyo idioma conoce y donde podrá llevarse el busto de Ataturk que adorna su despacho.

Chile, otra vez los militares

Han pasado ya 18 años desde que terminó la dictadura en Chile y algo más de un año desde la muerte del general Pinochet. Pero el poder militar sigue teniendo una cuota de poder importante. Sirva como ejemplo el caso del general de división Gonzalo Santelices, que encabezaba la guarnición militar de Santiago, acusado por su implicación en los crímenes cometidos por la llamada Caravana de la Muerte. Recordemos que el caso hace referencia a la comitiva militar que encabezó el general Arellano Stara, tras el golpe de 1973, que fusiló sin juicio previo a 70 presos políticos.

El general Santelices ha reconocido (lo hizo ya en una declaración judicial en el 2002), que fue testigo de uno de los episodios de la siniestra caravana: el fusilamiento en la Quebrada del Way, en el norteño desierto de Atacama, de 14 prisioneros que estaban en la cárcel de Antofagasta. Su defensa es que habría sido fusilado si no hubiese cumplido órdenes.

El gobierno chileno, a través de su vocero o portavoz, Francisco Vidal, había expresado su preocupación al comandante en jefe del Ejército por la permanencia en el cargo del general inculpado. La derecha habla de caza de brujas, a pesar de la confesión del propio Santelices.

Lo que nos da idea del difícil equilibrio entre civiles y militares es cómo se viene desarrollando el caso. Vidal asegura que no presiona al ejército, que expresó su punto de vista sobre el tema y confió en la decisión del jefe de la fuerza, el general Oscar Izurieta.

El general Santelices, que renunció tras tomar estado público su caso, asegura que se va para no perjudicar a la institución. Pero no dice nada de por qué guardó silencio tanto tiempo, ni expresó rechazo o repulsa por los crímenes.

Lo que nadie dice es que el ejército y su comandante en jefe deben subordinación al gobierno legítimo, al ministro de Defensa y a la presidenta Bachelet. Y más en casos de tanta gravedad, sin que esto suponga desconocer el principio de presunción de inocencia. Lo que ningún gobierno puede es ceder parcelas de poder ni de decisión. Y la sociedad no debe creerse el discurso de los militares genocidas, que se consideran combatientes.

Afortunadamente, en Argentina se están dando algunos pasos fundamentales para normalizar la situación, 25 años después del fin de la dictadura. En primer lugar se decidió enviar a cárceles comunes a los represores, que venían disfrutando de jaulas de oro en distintos centros castrenses. Convendría avanzar ahora en la situación de los casos de prisión domiciliaria (caso Videla, por ejemplo). Como bien recuerda el fiscal del juicio a los ex comandantes, Julio César Strassera, se está aplicando mal, ya que se supone que debe afectar a los casos de personas enfermas y, sobre todo, no es automática a partir de los 70 años.