Guatemala celebrará elecciones generales el próximo 9 de septiembre. Desde el pasado mes de mayo, medio centenar de personas ligadas política o familiarmente a alguno de los 14 candidatos, han sido asesinados. El socialdemócrata Álvaro Colom, favorito en las encuestas, denunció 15 bajas en sus filas.
No es un fenómeno nuevo. Cuando Guatemala recuperó la democracia (1986), después de varias décadas de sangrienta guerra civil, la herencia que dejaron sucesivos gobiernos militares, cuyas dictaduras se cuentan entre las más sangrientas del continente,. Fue la violencia y la impunidad. Solo el año pasado fueron asesinadas 6.000 personas. En la campaña electoral de hace cuatro años cayeron 28. Traficantes de droga que intentan infiltrar a todos los partidos y antiguos paramilitares se suman a los delincuentes comunes, pero todos con un enorme grado de ferocidad en sus acciones.
El ex general Otto Pérez Molina, 57 años, figura en segundo lugar en las encuestas y por tanto disputaría la segunda vuelta con Colom. Graduado en la Escuela de las Américas (la escuela de los dictadores), se da por seguro que estuvo en nómina de la CIA. Fue jefe del G-2, la inteligencia militar, cuya sede estaba en el cuarto piso del Palacio Nacional y que fue la verdadera máquina del terror durante la dictadura. Fue también comandante de la base de Quiché, la zona donde más se sufrió la guerra (1960-1996), y donde el ejército usó la táctica de tierra arrasada y aldeas estratégicas.
No hay que olvidar que los militares guatemaltecos son, probablemente, los primeros en América Latina en recurrir de manera sistemática a la desaparición forzada de personas. Método que empezaron a usar el 6 de marzo de 1966, cuando fueron ejecutados clandestinamente más de 30 miembros y simpatizantes del Partido Guatemalteco del Trabajo (comunista), incluyendo a su líder, Víctor Manuel Gutiérrez.
Pérez Molina tomó el relevo del ex general Efraín Ríos Montt en su intento de poner a un general ligado con el pasado en el Palacio Nacional. Incluso heredó el apoyo incondicional de la creciente comunidad evangélica del país, que tenía en Ríos Montt un furioso predicador, al mismo tiempo que ejercía la presidencia de facto.
Pérez Molina se retiró del ejército en el 2000 y fundó el Partido Patriota. Se autoproclama como el “general de la paz”, aprovechando que fue uno de los firmantes de los Acuerdos de Paz, en nombre del ejército. Y promete acabar con la violencia en seis meses si gana las elecciones. Naturalmente, el método es la mano dura. Para ello recurriría al ejército, durante los tres primeros años de su eventual mandato, mientras se reestructura la corrupta Policía Nacional Civil, fruto de los Acuerdos de Paz.
También se presentará en estas elecciones Rigoberto Menchú, Premio Nobel de la Paz 1992, que aspiraría a ser la primera mujer indígena en ser presidenta en América Latina. Pero, más allá de su buena voluntad y su falta de recursos, está hundida en las encuestas. Al punto que ya declaró que después de las elecciones se dedicará a fortalecer el movimiento político Winap, un partido indígena del que será secretaria general.
Las esperanzas que trajo el fin del conflicto armado, se han visto frustradas, igual que pasó en otros países de América Central. Guatemala sigue siendo un país profundamente desigual y con un 80 % de su población viviendo en la pobreza. Amnistía Internacional ha denunciado que millones de guatemaltecos están atrapados en un círculo de pobreza, violencia, discriminación e impunidad. Y esta parece ser, lamentablemente, la perspectiva para Guatemala después de estas elecciones.
No es un fenómeno nuevo. Cuando Guatemala recuperó la democracia (1986), después de varias décadas de sangrienta guerra civil, la herencia que dejaron sucesivos gobiernos militares, cuyas dictaduras se cuentan entre las más sangrientas del continente,. Fue la violencia y la impunidad. Solo el año pasado fueron asesinadas 6.000 personas. En la campaña electoral de hace cuatro años cayeron 28. Traficantes de droga que intentan infiltrar a todos los partidos y antiguos paramilitares se suman a los delincuentes comunes, pero todos con un enorme grado de ferocidad en sus acciones.
El ex general Otto Pérez Molina, 57 años, figura en segundo lugar en las encuestas y por tanto disputaría la segunda vuelta con Colom. Graduado en la Escuela de las Américas (la escuela de los dictadores), se da por seguro que estuvo en nómina de la CIA. Fue jefe del G-2, la inteligencia militar, cuya sede estaba en el cuarto piso del Palacio Nacional y que fue la verdadera máquina del terror durante la dictadura. Fue también comandante de la base de Quiché, la zona donde más se sufrió la guerra (1960-1996), y donde el ejército usó la táctica de tierra arrasada y aldeas estratégicas.
No hay que olvidar que los militares guatemaltecos son, probablemente, los primeros en América Latina en recurrir de manera sistemática a la desaparición forzada de personas. Método que empezaron a usar el 6 de marzo de 1966, cuando fueron ejecutados clandestinamente más de 30 miembros y simpatizantes del Partido Guatemalteco del Trabajo (comunista), incluyendo a su líder, Víctor Manuel Gutiérrez.
Pérez Molina tomó el relevo del ex general Efraín Ríos Montt en su intento de poner a un general ligado con el pasado en el Palacio Nacional. Incluso heredó el apoyo incondicional de la creciente comunidad evangélica del país, que tenía en Ríos Montt un furioso predicador, al mismo tiempo que ejercía la presidencia de facto.
Pérez Molina se retiró del ejército en el 2000 y fundó el Partido Patriota. Se autoproclama como el “general de la paz”, aprovechando que fue uno de los firmantes de los Acuerdos de Paz, en nombre del ejército. Y promete acabar con la violencia en seis meses si gana las elecciones. Naturalmente, el método es la mano dura. Para ello recurriría al ejército, durante los tres primeros años de su eventual mandato, mientras se reestructura la corrupta Policía Nacional Civil, fruto de los Acuerdos de Paz.
También se presentará en estas elecciones Rigoberto Menchú, Premio Nobel de la Paz 1992, que aspiraría a ser la primera mujer indígena en ser presidenta en América Latina. Pero, más allá de su buena voluntad y su falta de recursos, está hundida en las encuestas. Al punto que ya declaró que después de las elecciones se dedicará a fortalecer el movimiento político Winap, un partido indígena del que será secretaria general.
Las esperanzas que trajo el fin del conflicto armado, se han visto frustradas, igual que pasó en otros países de América Central. Guatemala sigue siendo un país profundamente desigual y con un 80 % de su población viviendo en la pobreza. Amnistía Internacional ha denunciado que millones de guatemaltecos están atrapados en un círculo de pobreza, violencia, discriminación e impunidad. Y esta parece ser, lamentablemente, la perspectiva para Guatemala después de estas elecciones.
