Un peligroso avance del gobierno argentino sobre la prensa

Hace casi 8 años que la presidente argentina, Cristina Fernández, declaró la guerra a los grandes medios de prensa de su país. El conflicto con el campo, que complicó los primeros meses de su primer mandato, y en el que los principales medios del país estuvieron frente al gobierno, marcaron la ruptura y el comienzo de la ofensiva contra el Grupo Clarín y en menor medida el diario La Nación y Perfil.

El senado acaba de aprobar una ley que, en la práctica, da al gobierno el control del papel para diarios, al declarar de interés público la fabricación y comercialización de este insumo. Legislar sobre este particular va contra distintas convenciones internacionales. La Carta Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, considera que controlar la producción de papel es una censura indirecta.

En Argentina hay dos empresas que producen papel. Papel Prensa y Papel de Tucumán. En la primera son socios Clarín y La Nación con el estado nacional como socio minoritario. El gobierno sostiene que la dictadura militar le entregó la empresa a dichos medios. Y elaboró un voluminoso informe que entregó a la justicia, que aún no se pronunció, calificando el hecho como delito de lesa humanidad.

La importación de papel para diarios no tiene gravámenes y el precio internacional es incluso más barato que el que se produce en Argentina. No hay, tampoco, escased en el mercado. Con lo que es difícil justificar esta nueva ley, que sin embargo puede permitir en el futuro que el gobierno maneje de forma arbitraria el suministro de papel, en detrimento de los medios independientes.

Pero este es solo el último capítulo de una batalla que ya está siendo larga. No hubo discurso de la presidente, ni de su esposo y antecesor, Néstor Kirchner, mientras vivió, en que no cargasen contra los medios no oficialistas, instalando en el lenguaje oficial conceptos como "monopolio" o "corporación". En el discurso inaugural de su segundo mandato, la presidente deslizó que leer la prensa era para ella un ejercicio militante.

El primer paso fue lanzar una nueva ley de medios. Presentada como una iniciativa para sustituir a la ley de la dictadura, lo cierto es que la norma había sido reformada en numerosas ocasiones. Y el objetivo principal fue acabar con los dos principales grupos periodísticos del país, que mantenían una línea editorial que no gustaba al gobierno.

Héctor Magnetto, el Consejero Delegado de Clarín, había sido un interlocutor habitual de Néstor Kirchner, a quien visita con asiduidad en la residencia presidencial de Olivos. En el 2005, mediado el primer período presidencial de la era Kirchner, Néstor decidió prorrogar por diez años todas las licencias de radio y televisión, abierta y por cable, beneficiando entre otros grupos al grupo Clarín, entonces amigo, que además del periódico de mayor tirada en lengua española tiene radio Mitre (segunda en audiencia), canal 13 (primero en audiencia en televisión abierta) y TN (también primero en audiencia en el cable).

Pero fue el conflicto del campo el que desató la guerra. El canal oficial, puso en marcha en abril del 2009 un programa diario, "6, 7, 8", en que durante dos horas se intenta desacreditar a los medios que no controla el gobierno. Vale todo, desde cuestionar las portadas de los periódicos, hasta informes en los que el equilibrio brilla por su ausencia. Un plantel de 6 periodistas, militantes kirchneristas, jalean los informes. Solo hubo una ocasión en que se escuchó en dicho programa una voz discordante, cuando fue invitada la ensayista Beatriz Sarlo.

Martín García, presidente de la agencia estatal de noticias, TELAM, dijo al ser nombrado: "soy primero militante, después periodista". Y expresó su preferencia por tener entre sus filas a periodistas militantes: "los profesionales son como las prostitutas, escriben mentiras en defensa de los intereses de los que les pagan; los militantes, en cambio, escribimos la verdad, al servicio del pueblo".

La defensa del "modelo" y del gobierno "nacional y popular" es, además, el criterio para la distribución de la cada vez más abultada publicidad oficial. Una situación que no es excluciva de este gobierno, como se demuestra si se echa un vistazo a lo que hizo el gobierno de Carlos Menem (1989-1999), pero que el kirchnerismo ha acentuado.

Al mismo tiempo, el gobierno y empresarios aliados y favorecidos han creado una red de medios que echan por tierra la idea instalada del "monopolio". Si se habla de periódicos de información general, frente a Clarín, La Nación y Perfil, el gobierno tiene ahora a su favor a Página 12 y Tiempo Argentino. En el espectro radiofónico, frente a Radio Mitre y Radio 10, el kirchnerismo dispone de Radio Nacional, Radio Cooperativa, la Radio de las Madres de Plaza de Mayo, Radio del Plata, Radio Belgrano, y la 750. En cuanto a la televisión, el gobierno cuenta con el apoyo explícito de Canal 7, canal 9, y distintos canales de cable como CN23.

La fortaleza del 54 % de los votos conseguidos en la elección del pasado 23 de octubre y la mayoría propia reconquistada en las dos cámaras del parlamento, han relanzado la ofensiva sobre los medios, para conseguir imponer la historia oficial.