Chile, otra vez los militares

Han pasado ya 18 años desde que terminó la dictadura en Chile y algo más de un año desde la muerte del general Pinochet. Pero el poder militar sigue teniendo una cuota de poder importante. Sirva como ejemplo el caso del general de división Gonzalo Santelices, que encabezaba la guarnición militar de Santiago, acusado por su implicación en los crímenes cometidos por la llamada Caravana de la Muerte. Recordemos que el caso hace referencia a la comitiva militar que encabezó el general Arellano Stara, tras el golpe de 1973, que fusiló sin juicio previo a 70 presos políticos.

El general Santelices ha reconocido (lo hizo ya en una declaración judicial en el 2002), que fue testigo de uno de los episodios de la siniestra caravana: el fusilamiento en la Quebrada del Way, en el norteño desierto de Atacama, de 14 prisioneros que estaban en la cárcel de Antofagasta. Su defensa es que habría sido fusilado si no hubiese cumplido órdenes.

El gobierno chileno, a través de su vocero o portavoz, Francisco Vidal, había expresado su preocupación al comandante en jefe del Ejército por la permanencia en el cargo del general inculpado. La derecha habla de caza de brujas, a pesar de la confesión del propio Santelices.

Lo que nos da idea del difícil equilibrio entre civiles y militares es cómo se viene desarrollando el caso. Vidal asegura que no presiona al ejército, que expresó su punto de vista sobre el tema y confió en la decisión del jefe de la fuerza, el general Oscar Izurieta.

El general Santelices, que renunció tras tomar estado público su caso, asegura que se va para no perjudicar a la institución. Pero no dice nada de por qué guardó silencio tanto tiempo, ni expresó rechazo o repulsa por los crímenes.

Lo que nadie dice es que el ejército y su comandante en jefe deben subordinación al gobierno legítimo, al ministro de Defensa y a la presidenta Bachelet. Y más en casos de tanta gravedad, sin que esto suponga desconocer el principio de presunción de inocencia. Lo que ningún gobierno puede es ceder parcelas de poder ni de decisión. Y la sociedad no debe creerse el discurso de los militares genocidas, que se consideran combatientes.

Afortunadamente, en Argentina se están dando algunos pasos fundamentales para normalizar la situación, 25 años después del fin de la dictadura. En primer lugar se decidió enviar a cárceles comunes a los represores, que venían disfrutando de jaulas de oro en distintos centros castrenses. Convendría avanzar ahora en la situación de los casos de prisión domiciliaria (caso Videla, por ejemplo). Como bien recuerda el fiscal del juicio a los ex comandantes, Julio César Strassera, se está aplicando mal, ya que se supone que debe afectar a los casos de personas enfermas y, sobre todo, no es automática a partir de los 70 años.